Este jueves 30 de septiembre el ministro Roberto Rubén Uset, en su carácter de presidente subrogante, participó de la sesión ordinaria en la cual se aprobó el dictamen de la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos, fijando el total de erogaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, Administración Central y Organismos Descentralizados para el Ejercicio Financiero 2027.

En esta oportunidad, el ministro del STJ estuvo acompañado por el director de Administración del Ministerio Público de Misiones, Marcelo Agustín Acuña Quelas y por la Secretaria del Tribunal Electoral de la Provincia, Irma Gisela Hendrie. 

Se trató de la XVII sesión ordinaria del período legislativo Nº 54, en la que los diputados provinciales, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Provincia, aprobaron las erogaciones para el próximo año; oportunamente presentadas y defendidas por cada uno de los organismos de Estado en la Comisión correspondiente.

La presentación estuvo a cargo del Diputado José Luis Pastori; Presidente de la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos. 

En la comisión se destacó, además, el ahorro generado en términos económicos por parte del Poder Judicial a partir de la despapelización, como así también en términos de infraestructura al trasladar dependencias y unificarlas en un mismo espacio.

Para el 2027 el Poder Judicial pondrá un fuerte acento en el desarrollo tecnológico, no sólo como motor de modernización y eficiencia, sino también como herramienta estratégica para acercar el Estado a la ciudadanía.

La propuesta, se ajusta al lineamiento que el Poder Judicial mantiene y viene realizando en años anteriores de continuar ahorrando y economizando en materia de reducción de insumos e inmuebles alquilados, enmarcada además en la necesidad de mantener los proyectos para brindar un mejor servicio de justicia pero con un gasto medido de los recursos estatales.

Otro de los distintivos de este año es el proceso de independencia autárquica y presupuestaria del Ministerio Público, que se efectivizó a partir del 1º de enero del 2026. Esta autonomía supone un desdoblamiento de la partida presupuestaria para el Poder Judicial y para la Procuración General de la Provincia, lo que permite ejercer funciones de la defensa de la legalidad y los intereses sociales sin depender de instrucciones de otros poderes del Estado. 

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